En un duro revés para la salud pública del municipio, la Diócesis de San Ignacio de Velasco ha formalizado la solicitud de devolución de una ambulancia Toyota modelo 2020, prestada en usufructo gratuito hace más de cuatro años al Gobierno Municipal. El incumplimiento flagrante del contrato por parte de la Alcaldía, liderada por Marbin Barbery Céspedes, expone una vez más el incumplimiento a los acuerdos administrativos dejando al hospital local sin una herramienta vital para emergencias, en el corazón del Corredor Bioceánico.
La misiva, dirigida al alcalde con copia al Consejo Municipal, detalla cómo el acuerdo suscrito el 30 de junio de 2021 –un gesto solidario de la Diócesis para apoyar a las familias vulnerables– venció el 29 de junio de 2024 sin que se cumplieran obligaciones clave. "Fue un acto de cooperación interinstitucional en beneficio de la población josejana", recuerda la carta firmada por Monseñor Robert Flock, obispo de la Diócesis, quien lamenta la ausencia de informes Trimestrales sobre el uso del vehículo y la falta de respuesta a ofertas repetidas para transferir la propiedad al municipio.
El vehículo en cuestión, una minibus Toyota IAC 2020 de color blanco (chasis JPFJX02PXL5049246, motor 2TR-922118, placa 5275STU), ha sido clave para traslados urgentes de pacientes hacia Santa Cruz, pero su devolución –exigida en "buenas condiciones y bajo formalidades de ley" al párroco Esteban Catizani– se debió materializar el 31 de diciembre de 2025. La Diócesis también demanda un informe estadístico exhaustivo sobre su empleo durante estos "cuatro años y medio", cuestionando si realmente cumplió su "misión social" en un territorio marcado por accidentes viales múltiples y patologías urgentes.
El escándalo estalló en la Sesión Ordinaria N° 63 del Concejo Municipal, donde concejales de diversas comisiones –Constitución, Gestión Institucional y Salud– no ocultaron su indignación. "¡Qué sorpresa tan grande! Se ha dormido en sus laureles nuevamente", fustigó el concejal Peña, presidente de la Comisión de Salud, al revelar que la Diócesis solo pedia que el Municipio asuma la transferencia, pero el Ejecutivo ignoró incluso los reportes trimestrales pactados. "Esto debilita todo el parque automotor. Nuestro quirófano es limitado, con déficits en hemodiálisis, reactivos y medicamentos. ¿Cómo transferimos pacientes ahora, en un punto estratégico del Corredor Bioceánico?", cuestionó, evocando informes previos que inflaron el número de ambulancias operativas de ocho a solo dos en realidad.
La crítica se extendió como reguero de pólvora: "No pierden el alcalde ni sus funcionarios; pierde el pueblo de San José", manifestó el concejal Herling Chuvé, recordando cómo la gestión se torció por "incumplimientos que arriesgan vidas". "Es vergonzoso que nos llegue esta carta del Vicariato de Chiquitos, revelando la incapacidad de trabajar por la población", agregó el Concejal Joselito Nogales, aludiendo a un "informe mentiroso" del año pasado que ocultó el colapso del sistema de emergencias.
En un municipio ya azotado por abandonos –basurero municipal en ruinas, hospital desmantelado, escuela de música silenciada y deporte por los suelos–, la pérdida de esta "herramienta de trabajo esencial" se percibe como el golpe final a cinco años de "inoperancia".
Ante el plenario, los concejales anunciaron acciones inmediatas: involucrar a las Comisiones de Salud y Constitución para exigir explicaciones detalladas al alcalde, aplicar sanciones a los responsables y mediar con la Diócesis por una posible prórroga. "Tomaremos cartas en el asunto; esto no puede quedar en negligencia. San José merece respuestas, no excusas", sentenció Peña, mientras el debate derivaba en un llamado colectivo:
La devolución, si se concreta, no solo amputa recursos en un hospital al límite, sino que cuestiona el legado de una gestión que prioriza campañas políticas sobre compromisos. La Diócesis, fiel a su rol pastoral, cierra la nota con un "En Cristo, Buen Pastor", pero el eco en San José resuena como un grito de auxilio: ¿quién salvará ahora las vidas en la carretera? El Consejo Municipal promete seguimiento, pero el reloj –y las sirenas silenciadas– apremian.
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