Como parte de los festejos por los 465 años de fundación de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el Concejo Municipal de San José de Chiquitos realizó este miércoles 25 de febrer, el 3er. Simposio sobre Artesanía Chiquitana, Emprendedurismo y Desarrollo de la Personalidad, evento que reunió a mujeres locales, emprendedoras y líderes sociales en el Salón de Actos del Concejo Municipal.
El programa oficial inició a las 16:30 p.m. con la inauguración del simposio “Aquí Nació Santa Cruz”, a cargo de la Lic. Sonia Rejala Justiniano, Presidenta del Concejo Municipal de San José de Chiquitos.
A las 17:00 p.m. se escucharon las palabras de circunstancias de la Lic. Vilma López de Parada, Concejal Secretaria y Presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Turismo.
A partir de las 17:30 p.m. comenzó el ciclo de conferencias. La primera exposición estuvo a cargo de la Lic. Blanca Ardaya Cadario, Vicepresidenta de ACOCRUZ, quien desarrolló el tema “Emprendedurismo”.
Inmediatamente después, la Sra. María del Carmen Morales Vda. de Prado presentó la ponencia “Desarrollo de la Personalidad”.
El simposio culminó con el cierre a cargo del Cjal. Luzmery A. Abrego Álvarez, Vicepresidente del Concejo Municipal de San José de Chiquitos.
Con esta actividad, el Concejo Municipal de San José de Chiquitos reafirma su compromiso con la promoción del patrimonio cultural chiquitano, el fomento del emprendedurismo y el desarrollo integral de la personalidad como pilares para el progreso del oriente boliviano, en el marco de la celebración del aniversario cruceño.
El Concejo Municipal de San José de Chiquitos, presidido por la concejala Sonia Rejala Justiniano, ha concluido el análisis y recomendación favorable para la aprobación de una Ley Autónoma Municipal de Transición del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de San José de Chiquitos. El documento, elaborado por la Comisión de Administración y Finanzas (período legislativo 2025-2026), busca regular de manera transparente y ordenada el proceso de traspaso de mando de las autoridades salientes a las entrantes, en cumplimiento de principios constitucionales de transparencia, rendición de cuentas y continuidad de la gestión pública.
La iniciativa legislativa, presentada originalmente por la Comisión de Constitución y Gestión Institucional, tiene como objeto principal establecer el alcance y procedimiento de la transición transparente municipal. Esto incluye la entrega y recepción de información sobre actos administrativos, inventario de bienes municipales (muebles e inmuebles, equipos y otros registrados en Kardex), estado de trámites administrativos y documentación institucional, todo enmarcado en la Constitución Política del Estado (artículos 40, 232, 235, 237, entre otros), la Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez" (N° 031), la Ley de Administración y Control Gubernamentales (N° 1178), el Estatuto del Funcionario Público (N° 2027) y el Decreto Supremo N° 27931 de 2004.
El informe de comisión destaca que es evidente la necesidad de sancionar una norma de rango legal que garantice la transición de forma ordenada y transparente, evitando interrupciones en la prestación de servicios públicos y facilitando la continuidad administrativa. Entre las disposiciones clave se establece:
La creación de una Comisión de Transición Transparente Municipal, integrada por representantes del órgano ejecutivo (Secretarías Municipales como Jurídica, Administrativa, Planificación y Unidad de Transparencia), del Concejo Municipal y de organizaciones de control social.
La conformación de un Equipo Técnico de Coordinación responsable de recopilar, organizar y verificar información y documentación.
La elaboración obligatoria de informes de cierre de gestión por parte del órgano ejecutivo y legislativo, detallando actividades, resultados y avances del período de cinco años.
La entrega formal de documentos y bienes en un acto público, con registro y verificación física, en plazos alineados al calendario electoral.
Responsabilidades específicas para autoridades, servidores públicos y sociedad civil, con énfasis en la preservación y transferencia completa de información (física y digital), salvaguarda de sistemas informáticos y prevención de errores o inducción a error.
Mecanismos de evaluación, capacitación y continuidad, incluyendo mesas técnicas para revisar acciones previas y proyectar líneas estratégicas, así como capacitación a nuevas autoridades sobre competencias, atribuciones y funcionamiento institucional.
El análisis legal concluye que la propuesta es viable y debe someterse al procedimiento legislativo correspondiente para su aprobación por el pleno del Concejo Municipal. El documento cuenta con las firmas de concejales como Herling H. Chuve Flores y Joselito Nogales Figueroa y se informa a la autoridad y al pleno para los fines consiguientes de ley.
Esta ley se enmarca en el contexto de preparación para el cambio de mando municipal correspondiente al período 2026-2031, asegurando que la nueva gestión pueda iniciar con información completa, documentación verificada y sin afectación al patrimonio público ni a la continuidad de los servicios a la población.
El Concejo Municipal de San José de Chiquitos reafirma su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento institucional, en beneficio de todos los habitantes del municipio.
En la Sesión Ordinaria N° 65 del Concejo Municipal de San José de Chiquitos, se generó un intenso debate tras la lectura de una nota enviada por la institucionalidad joseana solicitando una pausa administrativa en la emisión de resoluciones de reconocimiento de asentamientos territoriales.
La institucionalidad de San José de Chiquitos, integrada por organizaciones como el Comité Cívico Pro Intereses, la Central Única de Comunidades Campesinas Chiquitanas, Central de Comunidades Indígenas Chiquitanas, el Cacique General, el Subgobernador de la Provincia Chiquitos y otros representantes, remitió una nota al Concejo Municipal pidiendo suspender temporalmente la aprobación de nuevas resoluciones de asentamiento. La solicitud surge en medio de preocupaciones por presuntas irregularidades históricas en el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), sobreposiciones de tierras, corrupción y recientes episodios de violencia que han generado tensión en el municipio.
Durante el debate, los concejales expusieron posiciones diversas. El concejal Joselito Nogales insistió en continuar el trámite de al menos tres carpetas ya inspeccionadas y pendientes solo del Informe Técnico Municipal, argumentando que el proceso sigue una secuencia legal (aprobación municipal, concejo y subgobernación). Propuso avanzar en esos casos específicos y pausar posteriormente nuevas inspecciones hasta que se aclare la situación.
Por su parte, la concejal Vilma López reconoció los problemas generados por decisiones pasadas del INRA, como sobreposiciones y disputas territoriales, y valoró el esfuerzo institucional para lograr cambios en la entidad. Destacó la amplitud de la nota, firmada por prácticamente toda la institucionalidad joseana, e invitó a la comisión respectiva del Concejo, a participar en futuras reuniones del cabildo para abordar el tema con responsabilidad. Rechazó cualquier forma de violencia, especialmente contra personas de la tercera edad, y abogó por el respeto a las normativas nacionales.
El concejal Jonatan Peña atribuyó la situación a décadas de corrupción en el INRA, influencias políticas y mal manejo que han afectado a muchos bolivianos. Se opuso a aprobar más resoluciones mientras persistan observaciones a la institución, proponiendo esperar una auditoría interna y una limpieza del organismo. Sugirió enviar una nota propia del Concejo Municipal de San José de Chiquitos, al INRA exigiendo celeridad en el saneamiento, prioridad para San José de Chiquitos por el impacto mediático y los incidentes violentos.
Otros concejales, como Teófilo Limachi, enfatizaron que el Concejo debe actuar bajo normativas vigentes y no oponerse a procesos legales, mientras que Herlin Chuvé Rosas alertó sobre parcializaciones históricas del INRA a favor de ciertos sectores políticos, citando ejemplos de sobreposiciones, y recomendó cautela para evitar responsabilidades futuras en auditorías.
La concejal Luz Mery Ábrego defendió el rol limitado del Concejo, que solo actúa sobre informes técnicos completos provenientes del Ejecutivo municipal. Cuestionó por qué cargar toda la responsabilidad al órgano legislativo y sugirió que la institucionalidad envíe la misma nota al alcalde para pausar inspecciones técnicas. Insistió en que, si una carpeta cumple todos los requisitos, no hay argumento legal para rechazarla, y abogó por una coordinación interinstitucional y reformas a leyes nacionales y departamentales sobre dotación de tierras.
Finalmente, la presidenta del Concejo, Sonia Rejala, llamó a la unidad entre concejales, reiteró el compromiso con las normativas y recordó que las decisiones se basan en informes positivos del Ejecutivo municipal e INRA. Descartó actuar unilateralmente y rechazó la violencia como medio para resolver conflictos, promoviendo el respeto a la convivencia y las normas.
El pleno derivó la nota a asesoría legal para un criterio técnico y acordó esperar los informes pendientes, sin definirse aún sobre la pausa solicitada. El tema refleja tensiones acumuladas en torno a la tenencia de tierras en la Chiquitania, donde conflictos históricos por asentamientos, avasallamientos y distribución de tierras fiscales han generado demandas recurrentes de auditorías y mayor transparencia en el INRA.
La reunión, convocada ante la inminente apertura del año escolar el 3 de febrero, puso de manifiesto el retraso del proceso de contratación de la empresa adjudicada a prestar dicho servicio, el mismo que tiene que pasar por varias etapas para su aprobación. El Gobierno Municipal actual, es el responsable principal del Programa Nacional de Alimentación Complementaria Escolar (PNACE), establecido por la Ley N° 622 de 2014. el mismo que tiene como objetivo mejorar el rendimiento y la permanencia de los estudiantes mediante raciones nutritivas y culturalmente apropiadas.
En San José de Chiquitos, cuna de la cruceñidad, el desayuno escolar ha sido clave para combatir la desnutrición en la región chiquitana, pero históricamente sufre interrupciones por contrataciones incompletas que no cubren el calendario completo de 200 días. "La documentación no ha llegado al Concejo Municipal, y esto siempre genera tropiezos; no podemos permitir que los niños de nuestra comunidad inicien clases sin este apoyo esencial", enfatizó la concejala Abrego.
El Subgobernador Franz Castedo, designado en septiembre de 2025 por el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, aclaró que la obligación recae en el municipio, pero la Gobernación ha transferido anualmente alrededor de 500.000 bolivianos en apoyo, salvo excepciones. "Obviamos 2021 por la transición de gobierno de aquel entonces y 2025 por los problemas del gobernador en La Paz, pero cada año cumplimos con la transferencia para no dejar desatendidos a los niños de San José", subrayó Castedo, recordando que el alcalde local aseguró recientemente la contratación de empresas.
El presidente de la Junta Escolar, por su parte, coincidió en la urgencia de agilizar los procesos licitatorios, alineados con los lineamientos técnico-administrativos del Ministerio de Educación que exigen prever productos locales y nutritivos independientemente del monto.
En el encuentro, la concejala Vilma López de Parada propuso un seguimiento estricto al tema con las próximas autoridades municipales, criticando la omisión en el Plan Operativo Anual (POA) de los 200 días de desayuno escolar, un error repetido que ha dejado a estudiantes locales sin ración en inicios de gestión. "Hay que comprometer a las futuras autoridades para evitar los mismos fallos de la actual administración; este no es un gasto, es una inversión en el futuro de nuestra Chiquitanía", instó López. Padres de familia y juntas vecinales de San José, consultados en la zona, expresaron su inquietud, recordando interrupciones pasadas que han afectado directamente a la niñez y juventud estudiosa.
La reunión concluyó con un llamado conjunto a la acción inmediata, en un contexto donde el PNACE busca no solo nutrir, sino vincular a pequeños productores locales para fomentar la economía regional. Mientras el alcalde inicia refacciones en colegios de la zona, la presión de las concejalas busca garantizar que el 2026 no repita los tropiezos pasados, asegurando un inicio escolar nutritivo y sin interrupciones en San José de Chiquitos.
En un duro revés para la salud pública del municipio, la Diócesis de San Ignacio de Velasco ha formalizado la solicitud de devolución de una ambulancia Toyota modelo 2020, prestada en usufructo gratuito hace más de cuatro años al Gobierno Municipal. El incumplimiento flagrante del contrato por parte de la Alcaldía, liderada por Marbin Barbery Céspedes, expone una vez más el incumplimiento a los acuerdos administrativos dejando al hospital local sin una herramienta vital para emergencias, en el corazón del Corredor Bioceánico.
La misiva, dirigida al alcalde con copia al Consejo Municipal, detalla cómo el acuerdo suscrito el 30 de junio de 2021 –un gesto solidario de la Diócesis para apoyar a las familias vulnerables– venció el 29 de junio de 2024 sin que se cumplieran obligaciones clave. "Fue un acto de cooperación interinstitucional en beneficio de la población josejana", recuerda la carta firmada por Monseñor Robert Flock, obispo de la Diócesis, quien lamenta la ausencia de informes Trimestrales sobre el uso del vehículo y la falta de respuesta a ofertas repetidas para transferir la propiedad al municipio.
El vehículo en cuestión, una minibus Toyota IAC 2020 de color blanco (chasis JPFJX02PXL5049246, motor 2TR-922118, placa 5275STU), ha sido clave para traslados urgentes de pacientes hacia Santa Cruz, pero su devolución –exigida en "buenas condiciones y bajo formalidades de ley" al párroco Esteban Catizani– se debió materializar el 31 de diciembre de 2025. La Diócesis también demanda un informe estadístico exhaustivo sobre su empleo durante estos "cuatro años y medio", cuestionando si realmente cumplió su "misión social" en un territorio marcado por accidentes viales múltiples y patologías urgentes.
El escándalo estalló en la Sesión Ordinaria N° 63 del Concejo Municipal, donde concejales de diversas comisiones –Constitución, Gestión Institucional y Salud– no ocultaron su indignación. "¡Qué sorpresa tan grande! Se ha dormido en sus laureles nuevamente", fustigó el concejal Peña, presidente de la Comisión de Salud, al revelar que la Diócesis solo pedia que el Municipio asuma la transferencia, pero el Ejecutivo ignoró incluso los reportes trimestrales pactados. "Esto debilita todo el parque automotor. Nuestro quirófano es limitado, con déficits en hemodiálisis, reactivos y medicamentos. ¿Cómo transferimos pacientes ahora, en un punto estratégico del Corredor Bioceánico?", cuestionó, evocando informes previos que inflaron el número de ambulancias operativas de ocho a solo dos en realidad.
La crítica se extendió como reguero de pólvora: "No pierden el alcalde ni sus funcionarios; pierde el pueblo de San José", manifestó el concejal Herling Chuvé, recordando cómo la gestión se torció por "incumplimientos que arriesgan vidas". "Es vergonzoso que nos llegue esta carta del Vicariato de Chiquitos, revelando la incapacidad de trabajar por la población", agregó el Concejal Joselito Nogales, aludiendo a un "informe mentiroso" del año pasado que ocultó el colapso del sistema de emergencias.
En un municipio ya azotado por abandonos –basurero municipal en ruinas, hospital desmantelado, escuela de música silenciada y deporte por los suelos–, la pérdida de esta "herramienta de trabajo esencial" se percibe como el golpe final a cinco años de "inoperancia".
Ante el plenario, los concejales anunciaron acciones inmediatas: involucrar a las Comisiones de Salud y Constitución para exigir explicaciones detalladas al alcalde, aplicar sanciones a los responsables y mediar con la Diócesis por una posible prórroga. "Tomaremos cartas en el asunto; esto no puede quedar en negligencia. San José merece respuestas, no excusas", sentenció Peña, mientras el debate derivaba en un llamado colectivo:
La devolución, si se concreta, no solo amputa recursos en un hospital al límite, sino que cuestiona el legado de una gestión que prioriza campañas políticas sobre compromisos. La Diócesis, fiel a su rol pastoral, cierra la nota con un "En Cristo, Buen Pastor", pero el eco en San José resuena como un grito de auxilio: ¿quién salvará ahora las vidas en la carretera? El Consejo Municipal promete seguimiento, pero el reloj –y las sirenas silenciadas– apremian.
En una tensa sesión marcada por fuertes críticas a la gestión del alcalde, el Concejo Municipal de San José de Chiquitos rechazó por unanimidad (5 votos de insatisfacción) el Informe Oral presentado por los técnicos del Ejecutivo Municipal. La deliberación reveló una situación de "dejadez absoluta" en el botadero municipal, calificándolo como una "bomba de tiempo" que pone en riesgo la salud de más de 40.000 habitantes debido a la presencia de residuos hospitalarios, metales pesados y poca planificación presupuestaria.
Durante la Sesión Ordinaria N° 63, el pleno del Concejo confrontó al Ingeniero Jose Manuel Padilla, Secretario de Desarrollo Integral y al Ingeniero Marco Antonio Mollinedo, Director de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente, y a su equipo técnico. Los concejales denunciaron que, tras casi cinco años de gestión, el municipio carece de un relleno sanitario adecuado y de convenios con la Gobernación o el Ministerio de Medio Ambiente para el cierre técnico del actual botadero. El concejal Peña, médico de profesión, alertó que la contaminación afecta directamente a seis barrios ubicados a menos de un kilómetro del foco de infección, donde la basura hospitalaria y materiales tóxicos como plomo y mercurio se mezclan sin control.
La gestión de residuos en este municipio roza el colapso, con un botadero municipal saturado y una planificación presupuestaria plagada de contradicciones. Los concejales recriminan la falta de ejecución y estabilidad en el personal, donde técnicos duran menos de un mes en el cargo.
El Plan Operativo Anual (POA) indica que para 2025 se aprobaron 427.292,84 bolivianos en el Programa de “Aseo Urbano, Manejo y Tratamiento de Residuos Sólidos”, pero no se ejecutaron por completo. Inicialmente, el director de Medio Ambiente reportó una drástica reducción a 75.000 bolivianos para 2026, lo que generó denuncias de "irresponsabilidad" por parte del Ejecutivo Municipal:
Sin embargo, a l verificar el POA, las cifras difieren: el presupuesto para 2026 asciende a 459.118,42 bolivianos, un incremento de 31.825,58 bolivianos respecto a 2025. Estas inconsistencias cuestionan la transparencia oficial y agravan los riesgos sanitarios en zonas aledañas al botadero, que opera al 95% de capacidad.
En la etapa de conclusiones, los legisladores calificaron las respuestas del Ejecutivo como "paupérrimas y deficientes". Los miembros del pleno coincidieron en que la gestión municipal priorizó el "ladrillo y el cemento" sobre la salud pública, dejando de lado la función institucional, que calificaron como un retroceso de cinco años para el municipio. "A meses de dejar la gestión, apenas están hablando de buscar terrenos; ya nada es creíble", sentenciaron durante la votación.
Como paso final, la Presidenta del Concejo, Luzmeri Ábrego, anunció que se elevará un pliego de observaciones formales amparado en la Ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales. El Legislativo exigirá la compra inmediata de insumos para residuos biológicos y un plan urgente de fumigación contra vectores. "Dejaremos los informes sentados para que la próxima gestión no ignore esta emergencia", concluyó la autoridad, dejando en claro que la fiscalización continuará pese al poco tiempo restante de mandato.
El Concejo Municipal de San José de Chiquitos alertó sobre el riesgo de paralización del proyecto de construcción del Cristo en el Cerro Turbo, debido a incumplimientos documentales por parte del Ejecutivo Municipal, y criticó la falta de invitación a los concejales en la apertura de sobres del desayuno escolar, que solo cubre 100 días hábiles en lugar de los 200 requeridos por ley.
En la sesión ordinaria N° 62, presidida por la concejal Luzmery Abrego en su calidad de presidenta interina, los ediles expresaron su inquietud por el avance del emblemático proyecto del Cristo, financiado por la Diócesis de San Ignacio de Velasco. Según Abrego, la secretaria diocesana, licenciada Cristina, confirmó la firma del convenio, pero advirtió sobre la ausencia de documentos clave como el traspaso de derechos de propiedad, lo que podría detener las obras. "Vamos a estar atentos para hacernos llegar una nota explicando que si el proyecto se paraliza, es porque el Ejecutivo incumplió en la documentación acordada", relató Abrego, quien se comprometió a coordinar con la diócesis para agilizar los trámites ahora que el Concejo ha retomado actividades tras el receso de fin de año.
El concejal Joselito Nogales inició el debate al preguntar si el convenio ya fue remitido desde el Ejecutivo al Concejo y mencionó una conversación con el señor Machado, quien reportó que el alcalde Marbin Barbery lamentó la ausencia de concejales en eventos municipales, pese a que no se enviaron invitaciones. Nogales enfatizó la necesidad de esclarecer estos malentendidos.
La discusión se extendió al tema del desayuno escolar, donde la concejal secretaria Vilma López de Parada denunció la exclusión sistemática del Concejo en procesos de contratación, a pesar de su rol fiscalizador y de aprobación de presupuestos. "Lastimosamente, muy sinvergüenzamente dicen que el Consejo Municipal no está presente cuando ya son varios años que no nos invitan para nada", afirmó López, revelando que el presupuesto aprobado asciende a 1.598.800 bolivianos para los lotes 1, 2 y 3, pero solo para 100 días hábiles del calendario escolar. La legisladora recordó que la ley exige 200 días ininterrumpidos, y descartó excusas como retrasos de la Gobernación, ya que esta devolvió recursos de 2024 antes del receso y lo hará con los de 2025. "Esta gestión municipal nuevamente perjudica a los niños; se nota que no son su prioridad", concluyó, instando a involucrar a autoridades educativas y control social para exigir cumplimiento.
El concejal Jonatan Peña profundizó en las críticas al alcalde Barbery, describiendo su gestión como un obstáculo recurrente para proyectos clave, desde el Cristo hasta donaciones como la ambulancia regalada por la diócesis, cuya regularización económica está pendiente. "El desarrollo de un pueblo termina cayendo en la decisión de un solo hombre, y él se sigue equivocando una y otra vez", lamentó Peña, alertando que la devolución de la ambulancia sería un perjuicio colectivo. Propuso confrontar directamente al Ejecutivo para exigir explicaciones y asumir responsabilidades, subrayando que "no vamos a permitir que nos quiten la ambulancia ni que el Cristo se paralice; vamos a quedar mal nosotros como pueblo si no actuamos".
Abrego cerró el intercambio comprometiéndose a consensuar acciones con el pleno para apoyar la iniciativa turística del Cristo, que promete un empuje económico para San José. "Es un reto que debemos asumir en los pocos meses que nos quedan; el beneficio es para nuestra población, no para poner trabas a quienes invierten desde afuera", enfatizó la presidenta interina, quien se comunicará nuevamente con la diócesis para recibir la documentación pendiente.
El Concejo Municipal, integrado por concejales de diversos bloques, reafirmó su rol como fiscalizador ante lo que perciben como intereses políticos que priman sobre el bien común. Fuentes del pleno indicaron que se prevé una nota formal al alcalde para demandar avances en ambos temas, en un contexto de transición hacia una nueva gestión que podría replantear prioridades como el desayuno escolar completo.
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