En una tensa sesión marcada por fuertes críticas a la gestión del alcalde, el Concejo Municipal de San José de Chiquitos rechazó por unanimidad (5 votos de insatisfacción) el Informe Oral presentado por los técnicos del Ejecutivo Municipal. La deliberación reveló una situación de "dejadez absoluta" en el botadero municipal, calificándolo como una "bomba de tiempo" que pone en riesgo la salud de más de 40.000 habitantes debido a la presencia de residuos hospitalarios, metales pesados y poca planificación presupuestaria.
Durante la Sesión Ordinaria N° 63, el pleno del Concejo confrontó al Ingeniero Jose Manuel Padilla, Secretario de Desarrollo Integral y al Ingeniero Marco Antonio Mollinedo, Director de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente, y a su equipo técnico. Los concejales denunciaron que, tras casi cinco años de gestión, el municipio carece de un relleno sanitario adecuado y de convenios con la Gobernación o el Ministerio de Medio Ambiente para el cierre técnico del actual botadero. El concejal Peña, médico de profesión, alertó que la contaminación afecta directamente a seis barrios ubicados a menos de un kilómetro del foco de infección, donde la basura hospitalaria y materiales tóxicos como plomo y mercurio se mezclan sin control.
La gestión de residuos en este municipio roza el colapso, con un botadero municipal saturado y una planificación presupuestaria plagada de contradicciones. Los concejales recriminan la falta de ejecución y estabilidad en el personal, donde técnicos duran menos de un mes en el cargo.
El Plan Operativo Anual (POA) indica que para 2025 se aprobaron 427.292,84 bolivianos en el Programa de “Aseo Urbano, Manejo y Tratamiento de Residuos Sólidos”, pero no se ejecutaron por completo. Inicialmente, el director de Medio Ambiente reportó una drástica reducción a 75.000 bolivianos para 2026, lo que generó denuncias de "irresponsabilidad" por parte del Ejecutivo Municipal:
Sin embargo, a l verificar el POA, las cifras difieren: el presupuesto para 2026 asciende a 459.118,42 bolivianos, un incremento de 31.825,58 bolivianos respecto a 2025. Estas inconsistencias cuestionan la transparencia oficial y agravan los riesgos sanitarios en zonas aledañas al botadero, que opera al 95% de capacidad.
En la etapa de conclusiones, los legisladores calificaron las respuestas del Ejecutivo como "paupérrimas y deficientes". Los miembros del pleno coincidieron en que la gestión municipal priorizó el "ladrillo y el cemento" sobre la salud pública, dejando de lado la función institucional, que calificaron como un retroceso de cinco años para el municipio. "A meses de dejar la gestión, apenas están hablando de buscar terrenos; ya nada es creíble", sentenciaron durante la votación.
Como paso final, la Presidenta del Concejo, Luzmeri Ábrego, anunció que se elevará un pliego de observaciones formales amparado en la Ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales. El Legislativo exigirá la compra inmediata de insumos para residuos biológicos y un plan urgente de fumigación contra vectores. "Dejaremos los informes sentados para que la próxima gestión no ignore esta emergencia", concluyó la autoridad, dejando en claro que la fiscalización continuará pese al poco tiempo restante de mandato.
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