La concejal Vilma López de Parada, en Sesión Ordinaria N° 30 del Consejo Municipal, alzó su voz para denunciar el incumplimiento del Ejecutivo Municipal ante la orden judicial de la Sala Plena Cuarta, que dispone la remoción inmediata del funcionario Wilson Justiniano, en cumplimiento del artículo 21 de la Ley Municipal 205 de Fiscalización.
Durante la sesión realizada este Jueves 28 de Agosto y al no recibir ninguna documentación oficial remitida por la M.A.E., a pesar de que la autoridad tenía 24 horas de plazo, otorgado por la Sala Cuarta el pasado Jueves 21, López de Parada expresó su preocupación por la falta de respuesta del Ejecutivo. La resolución judicial, resultado de una tutela promovida por los concejales Vilma López y Jonathan Peña, exigía la remoción de Justiniano y la entrega de documentación que acredite dicha acción. Sin embargo, hasta las 16:00 del viernes, no se recibió información alguna, lo que llevó a la emisión de la Minuta de Comunicación N° 2-2025, reiterando el cumplimiento obligatorio de la orden.
El 26 de agosto, el Ejecutivo envió una nota firmada por la abogada Casilda Achacollo Roque, en lugar del alcalde Marbin Barberí, Máxima Autoridad Ejecutiva. La nota, que asegura que Justiniano renunció antes de la audiencia, genera contradicciones, ya que el funcionario participó activamente en la misma, alegando ser víctima de acoso político. Además, el Martes 26 de Agosto, Justiniano fue visto representando al alcalde en un evento en el Centro del Adulto Mayor, lo que sugiere que continúa ejerciendo funciones sin evidencia de remoción. López de Parada enfatizó que la Ley de Fiscalización establece claramente la "remoción" –reasignación a otro cargo– y no una destitución, como se ha malinterpretado en declaraciones públicas.
La concejal advirtió que, si Justiniano sigue en su cargo original, percibiendo salario sin documentación de reasignación, se configuraría un delito. El Consejo resolvió devolver la nota y exigir al Ejecutivo la entrega inmediata de los documentos requeridos, bajo amenaza de iniciar acciones legales adicionales.
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